Hace poco un comentarista político se preguntaba por qué se hacía un paro nacional si todo iba tan bien en la economía peruana. La respuesta la ha dado el propio gobierno con una serie de diversas disposiciones que crean conflictos y divisiones en el país. En primer lugar, la resolución del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que centraliza y controla mil millones de soles del canon minero que anteriormente se depositaba en las cuentas de los gobiernos regionales y que ahora estarán en una sola cuenta del MEF. Esta norma, que enfrenta al gobierno central con los presidentes regionales y los alcaldes, ha sido promulgada justo días antes del anunciado paro nacional.
Pero, además, se han dado normas que restringen severamente el derecho a la propiedad sobre predios rurales en beneficio principalmente de empresas mineras, así como otros decretos que facilitan la venta de tierras de las comunidades andinas y amazónicas. Es decir, estos dispositivos afectan justo a aquellos sectores donde se registra la mayor cantidad de conflictos abiertos o latentes, registrados por la Defensoría del Pueblo, en vísperas del paro. En consecuencia, el principal “impulsor” de esta protesta es el propio gobierno. Pero, más allá de esta coyuntura huelguística, tenemos que los métodos que ha usado el Ejecutivo para aprobar algunas de estas medidas socavan la legitimidad del Estado de Derecho, ya que dichas disposiciones se han dado al amparo de facultades legislativas otorgadas al gobierno para que adecúen nuestra legislación a lo acordado en el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.
Sin embargo, en este paquete de medidas se han incluido “de contrabando” normas que tienen poco o nada que ver con el comercio exterior. Es más, se han dictado normas que van en contra de lo acordado en el propio TLC, como es el caso de normas laborales contenidas en la nueva ley de las MYPE (es decir, más leña del Ejecutivo al fuego de la CGTP). En este sentido, el método escogido es simplemente tramposo y revela, como en otras oportunidades, poco respeto por las formalidades que caracterizan a un régimen democrático. Esto es un ejemplo de cómo el irrespeto por lo formal termina vaciando de contenido a la institucionalidad y al propio Estado de Derecho. El especial de esta semana registra estos y otros prolegómenos al paro nacional del 9 de julio.
Trabajadores portuarios de Salaverry se oponen a privatización de puerto
“Los aires son controlados por LAN y ahora quieren que nuestros puertos sean entregados también a manos chilenas”, fue la respuesta del gremio de trabajadores portuarios de Salaverry ante la emisión del Decreto Supremo Nro 1022, el cual, según ellos, busca liquidar a ENAPU para que los puertos peruanos pasen a manos extranjeras.
En el Perú, el 75% de la actividad portuaria es controlada por grandes empresas privadas. Y en Salaverry, el 85% es administrado por capitales sureños, lo cual obviamente es rechazado por los más de 500 empleados que laboran en este punto de embarque liberteño.
De otro lado, los empleados portuarios exigen que el Consejo Regional se pronuncie inmediatamente para que la Autoridad Portuaria Regional quede conformada en el más corto plazo, y así evitar el proceso de concesión privada.
Realizan lavado de bandera contra privatización de puertos en Iquitos
En Iquitos, dirigentes de diferentes gremios realizaron en la Plaza de Armas un lavado de banderas denominado contra la corrupción, en apoyo a la Federación Nacional de Trabajadores de la Empresa Nacional de Puertos (FENTENAPU), que está en contra de la aprobación del Decreto Legislativo 1022 dado por el Ejecutivo, el cual plantea entregar la infraestructura portuaria a manos del sector privado por 60 años.
En Chiclayo confirman paro de CGTP para este 9 de julio
Los principales dirigentes de los gremios sindicales se reunieron en la Asamblea Popular de los Pueblos de Lambayeque para confirmar su participación en el paro nacional convocado por la CGTP para el 9 de julio.
En la asamblea participaron dirigentes del SUTEP – Lambayeque, quienes señalaron que se plegarán a la medida de lucha con la participación de 4 mil docentes. De igual forma, se sumarán docentes de universidades públicas y trabajadores penitenciarios.
La CGTP demanda la rebaja del costo de vida, el cambio de la política económica, frenar el alza del costo de vida, aumento general de sueldos, salarios y pensiones, el cese de las privatizaciones, así como la defensa de los recursos naturales.
De no haber respuesta positiva frente al pliego de reclamos por parte del Gobierno Central, los agremiados a la CGTP acatarían un paro preventivo de 48 horas para luego iniciar una huelga nacional.
Líder de la CGTP, Mario Huamán, visita Juliaca para promover paro nacional
El secretario general de la CGTP, Mario Huamán, llegó a Juliaca con la finalidad de impulsar la paralización del 9 de julio en rechazo a la política del gobierno central. Dirigentes de dicho gremio dieron a conocer las acciones de lucha que se llevarán a cabo durante el paro nacional.
Exigirán la reducción del alza del costo de vida y demandarán un aumento de sueldos, salarios y pensiones. Además tienen previsto demandar la derogatoria del decreto legislativo 1015 que facilita la inversión privada en las comunidades campesinas.
Huamán solicitó a las diversas instituciones a plegarse a esta medida de fuerza que tiene como único objetivo rechazar la política que viene aplicando el presidente Alan García Pérez.
Gremios puneños confirman participación en paro agrario y paro nacional
Después de superar diversas discrepancias, los principales gremios de la región acordaron sumarse al paro agrario del 8 de julio y al paro nacional convocado para el 9 de julio por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), así lo confirmó el presidente de la Central de Barrios de Puno, Abraham Cauna.
El dirigente explicó que el paro del 9 de julio se acatará en rechazo a la política del Gobierno Central y para exigir una política laboral más equitativa y justa, así como luchar contra el alza del costo de vida y evitar la concesión de los recursos naturales y los puertos del país.
Trasladan a 150 policías para reforzar vigilancia policial en Moquegua
En Arequipa, el jefe de la Undécima Dirección Territorial Policial, general Roberto Villar, informó sobre el desplazamiento de 150 efectivos para reforzar el resguardo policial en la región Moquegua. Todo el personal de la Policía Nacional permanecerá en inamovilidad e impedirán el bloqueo de vías durante el paro anunciado para este 9 de julio, informó Villar.
La autoridad policial precisó que, tras los hechos suscitados en la región Moquegua, en los próximos días se destinará alrededor de 150 policías para resguardar este sector. Señaló, además, que evaluará las jefaturas del personal de la policía en Moquegua para realizar los cambios pertinentes.
De otro lado, frente al paro nacional del 9 de julio, aseguró que la PNP está preparada para enfrentar cualquier acto de violencia que pudiera suscitarse durante las protestas.
Con lavado de la bandera en Ilo rechazan decreto que facilita privatización de los puertos
En protesta por la intención de entregar los puertos peruanos al sector privado, gremios sindicales, trabajadores portuarios e integrantes del Frente de Defensa de los Intereses de Moquegua participaron en el lavado de la Bandera Nacional, en la Plaza Miguel Grau de Ilo. En el acto también participaron los congresistas Washington Zeballos y Juvenal Ordóñez, quienes concordaron en que la decisión del gobierno central perjudicaría al sistema portuario nacional.
Zeballos expresó que “los puertos son actividades claves para el desarrollo económico de cualquier país del mundo; sin embargo, vemos que sin ningún descaro e imitando a la dictadura fujimorista, se pretende privatizar los puertos del Perú. Debemos desarrollar una serie de medidas de lucha para impedir que ese objetivo se haga realidad”.
Por su parte, Ordóñez señaló que “de las 180 empresas públicas que tenía el Perú hoy quedan 36, menos ENAPU que se acaba de privatizar. Esto es un atentado contra la soberanía y seguridad nacional, dado que los puertos deben estar en manos del Estado porque así lo exige el interés nacional”.
Cabe indicar que a través del Decreto Legislativo número 1022, el Ejecutivo transfiere la titularidad de los bienes de la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y a ProInversión, a quienes les faculta a concesionarlos hasta por 30 años.
Alcalde de Tumbes respalda paro del 9 de julio
El alcalde de Tumbes, César Cuenca, respaldó el paro convocado para el 9 de julio por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), al considerar que no existe apoyo para los agricultores sobre todo si la región fue declarada en emergencia a raíz de las lluvias.
El burgomaestre señaló, además, que es necesario que la ciudad de Tumbes proteste para demandar el arreglo de las principales vías que permitan a los campesinos vender sus productos y mejorar su economía precaria.
Asimismo, Cuenca Sulca invocó a dejar de lado las posturas políticas y organizar una sola fuerza para conseguir el apoyo que Tumbes requiere por parte del Gobierno Central.
Gremios no se ponen de acuerdo con respecto al paro nacional del 9 de julio en Arequipa
No existe unión en el paro convocado para este 9 de julio. Pese a que el sector transporte en Arequipa pertenece al Frente Amplio Cívico (FACA), el representante del SUTMA, Pedro Macedo, precisó que si ellos paralizan lo harían por cuenta propia y no para apoyar a la CGTP o al FACA. Este viernes darán a conocer si participan o no.
Mineros de empresa de los Sánchez Paredes protestan en Trujillo
Más de 50 trabajadores de la minera de la familia Sánchez Paredes continúan atrincherados en la sede de la Gerencia de Trabajo. Ellos reclaman mejores condiciones laborales como 10 días de descanso por 20 trabajados, ya que actualmente laboran 6 y descansan tan sólo un día.
“Hay oro y cobre, pero el pueblo sigue pobre” fue el lema los trabajadores de la empresa COMARSA. Además exigen que sus tierras no sean usurpadas por los empresarios mineros de esa zona. De igual modo, rechazan la contaminación ambiental de sus aguas.
De otro lado, exigen un chequeo médico permanente, puesto que según las últimas consultas médicas les diagnostican un alto grado de contaminación de plomo en la sangre. Los trabajadores mineros amenazaron, de no encontrar solución, con radicalizar su huelga con la toma de carreteras.
Trabajadores administrativos de Educación reclaman aumento ofrecido en Ayacucho
Trabajadores administrativos del sector Educación de las provincias de Cangallo y Huanta se apostaron en el frontis del Gobierno Regional de Ayacucho.
Ellos demandan el cumplimiento de un aumento de 100 soles en sus remuneraciones, ofrecimiento que fuera hecho por el Jefe del Gabinete, Jorge Del Castillo, en enero pasado. Los trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación advirtieron que, de no concretarse dicho aumento salarial, tomarán medidas más drásticas. Señalaron, además, que participarán en el paro agrario y el paro de la CGTP a llevarse a cabo el 8 y 9 de julio.
Frente de Defensa de Ucayali acataría paro nacional pese a divergencias internas
Dirigentes del Frente de Defensa de los Intereses de Ucayali acatarían un paro de 72 horas los días 8, 9 y 10 de julio, en rechazo a los últimos decretos legislativos que atentan contra la propiedad de las comunidades campesinas.
Sin embargo, la medida de lucha aún no se define debido a posiciones gremiales divergentes. Durante el desarrollo de las cumbres amazónicas se aprobó la realización de esta medida de fuerza contra el Gobierno, debido a la intención de entregar los bosques amazónicos para su explotación.
Ante la insistencia en la denominada Ley de la Selva, dirigentes del Frente de Defensa, agricultores, cocaleros y la CGTP en Ucayali acordaron iniciar un paro en rechazo a la política del Gobierno Central.
Sin embargo, el anuncio oficial de entregar 50 millones de nuevos soles para la reactivación del agro con fideicomisos, quebró la unidad gremial. La publicación del Decreto Legislativo 1064, que otorga al Ministerio de Agricultura la facultad de cambiar el uso de las tierras de aptitud forestal a uso agrícola, pudiendo venderlas luego, ha generado un malestar general.
A ello se suma la publicación del Decreto 1090 que sustituye la Ley Forestal, norma que no incluye a los pequeños extractores. La paralización es muy incierta todavía en Ucayali, debido a que grupos de la sociedad civil mantienen posiciones diversas. En tanto, las autoridades regionales y locales aún no se han pronunciado sobre las protestas que se vienen y los decretos que afectarían a la Amazonía peruana.
Gobierno emite norma que limita severamente derecho a la propiedad privada
Al amparo de las facultades legislativas que el Congreso otorgó al Ejecutivo para que adecúe aspectos de nuestra legislación a lo acordado en el TLC con los Estados Unidos, el gobierno ha aprovechado para promulgar, de contrabando, normas que afectan los derechos a la propiedad.
En particular, ha promulgado el Decreto Legislativo 1064 que, entre otros aspectos, elimina el acuerdo previo, por ejemplo, entre una comunidad y una empresa minera. Anteriormente, las empresas que quisieran explorar y explotar recursos naturales debían negociar con los propietarios de tales predios un permiso para tales actividades. Ahora ese derecho ha desaparecido y ello traerá graves consecuencias para los ciudadanos.
En primer lugar limita severamente el derecho a la propiedad de tierras y alentará más aún los conflictos sociales en el país. Esta norma pareciera haber sido diseñada para beneficiar a empresas o actividades específicas, que hoy generan controversia en el país. Así, por ejemplo, la empresa Majaz ya no necesitará de la aprobación ni consulta ciudadana alguna. Bastará con que soliciten al Ministerio de Energía y Minas la llamada servidumbre minera y ésta se les concederá.
Los derechos a la participación ciudadana se eliminará. Esta situación generará mayor tensión, dada la percepción generalizada de que el Estado beneficia sólo a las empresas mineras, con lo que se incrementará la oposición de la población a esa actividad. Además, la promoción de inversiones mineras también se verá afectada por el incremento de los conflictos.
Pobladores de 7 distritos de Acomayo, en Cusco, se movilizan contra la minería
En Cusco, cientos de pobladores de los siete distritos que conforman la provincia de Acomayo se movilizaron por las calles principales de la Ciudad Imperial en rechazo a las empresas mineras, los manifestantes afirman que es la actividad turística y no la minería la que está dentro del plan estratégico para el desarrollo de la región.
Fue masiva la paralización de la población de Acomayo, movilización que se dio en contra de las concesiones mineras, ya que el 99% de pobladores viven de la agricultura. 18 mil 300 hectáreas, incluidas las orillas de las cuatro lagunas, estarían concesionadas por las empresas mineras.
Los manifestantes arguyen que las empresas no ofrecen ningún beneficio a los pobladores, y lo único que hacen es contaminar el medio ambiente y quitarles sus terrenos, por lo que piden la nulidad de la concesión minera de sus terrenos.
Trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tumbes a huelga indefinida
Un total de 106 trabajadores de la Dirección Regional de Salud de Tumbes iniciaron una huelga regional indefinida en demanda del pago de la canasta familiar equivalente a 400 soles, beneficio que obtuvieron luego de un proceso judicial sentenciado y consentido.
Los huelguistas se movilizaron hasta el frontis del local de esa institución para colocar pancartas alusivas a su protesta. Con huevos y pintura, los trabajadores rechazaron la falta de apoyo de aquellos que no se plegaron a la medida de lucha.
En tanto, se pudo constatar que el área administrativa de dicha sede dejó de laborar. Sin embargo, el laboratorio y otras unidades que operan con personal contratado continuaron con sus labores cotidianas.
